Marcos Merino
Marcos Merino
El Gobierno español dio ayer luz verde al anteproyecto de la Ley de Consumo Sostenible, una norma que pretende reforzar los derechos de los consumidores y avanzar en la transición ecológica. Pablo Bustinduy, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha presentado este paquete legislativo como una revolución legislativa contra la obsolescencia programada, la publicidad engañosa y el consumo irresponsable.
Analicemos qué medidas concretas recoge para cumplir con dicho objetivo:
Uno de los elementos más destacados de la propuesta es la prohibición de la obsolescencia programada, una práctica industrial que acorta intencional y artificialmente la vida útil de los productos. Se pretende acabar con ella mediante…
Estas medidas, que recogen el espÃritu de directivas europeas recientes, representan sin duda un avance en términos de durabilidad de los productos. No obstante, su efectividad dependerá de cómo se fiscalicen y ejecuten: las grandes empresas tecnológicas ya han demostrado una habilidad notable para eludir normativas a través de vacÃos legales.
Otro objetivo declarado de la ley es combatir el greenwashing o ecopostureo. A partir de su entrada en vigor, las empresas no podrán utilizar términos como verde, ecológico o biodegradable si no presentan una base cientÃfica verificable. Incluso se prevé la anulación de marcas y nombres comerciales que induzcan a error mediante su nombre o logotipo.
En un mercado como el nuestro, saturado de términos medioambientales vagos y maleables, la vigilancia institucional resultará clave.
También se veta la publicidad de:
La llamada publicidad del miedo será regulada para evitar el uso de escenarios catastróficos sin base estadÃstica. Las empresas (a nadie se le escapa que es una normativa dirigida contra el sector de alarmas y seguros) deberán aportar datos cuantitativos para justificar las amenazas que comunican.
Si bien esto apunta a una publicidad más responsable, la lÃnea entre protección del consumidor y censura informativa podrÃa ser difusa si no se regula con claridad.
Otra práctica que queda regulada es la reduflación, consistente en reducir el contenido de un producto sin ajustar su precio. Las empresas deberán:
De esta forma, se evitará que el consumidor pague lo mismo por menos sin saberlo.
La reventa abusiva de entradas, especialmente visible en conciertos y eventos culturales, también se enfrenta a nuevas limitaciones:
Imagen | Marcos Merino mediante IA
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